¿Ataca la Ley Celaá derechos de las familias?

Soy profesor y he leído detenidamente la nueva ley de educación del gobierno español. Esta norma, llamada también ley Celaá, limita la educación concertada al eliminar el criterio de demanda social de los padres. La enseñanza pasa a ser fundamentalmente pública, estatal, siendo la enseñanza concertada un elemento meramente subsidiario. Dada la extensión y aceptación actual de la enseñanza concertada, le preocupación de este amplio sector educativo está justificada. También afirma que la educación especial corresponde al estado (artículo 74,4), dejando a este tipo de colegios en un panorama incierto. Además, la ley establece la coeducación en todas las etapas educativas y no contempla el concierto con la enseñanza diferenciada. De esta manera no se tienen en cuentan sentencias judiciales internacionales y del mismo Tribunal Supremo español estableciendo el carácter no discriminatorio de la enseñanza diferenciada.

Por otra parte, la ley insiste múltiples veces en la inclusión de la enseñanza afectivo sexual, el respeto a la identidad de género, y la perspectiva de género como una línea fundamental que recorre el nervio de toda esta ley. Tal perspectiva relativiza enormemente el concepto de familia y de la propia identidad humana. Esto supone una intromisión abrumadora en la conciencia de niños y jóvenes y en la de sus familias. Una cosa es mostrar la versión de género como una opción personal respecto a la propia sexualidad, y otra cosa es lo que esta ley hace: imponerla como una apisonadora saltando los muros de la patria potestad en asuntos tan sensibles como los mencionados. De esta manera, esta ley de enseñanza se opone a la conciencia de millones de personas cristianas, musulmanas, judías, o sin religión pero en neto desacuerdo con la versión del ser humano que esta ley propugna.

En la disposición final primera, la ley reconoce los derechos de los padres a escoger centro docente y a participar en el proceso de enseñanza de sus hijos. Un reconocimiento, enormemente vaciado de contenido, tras la exposición de condicionantes de esta ley.  El artículo 27 de la Constitución española afirma entre otras cosas que: “Se reconoce la libertad de enseñanza… Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Esta nueva ley de educación ata las manos a las familias, quiere deconstruir sus más íntimas convicciones, y luego dice dejar participar a los padres en la educación de sus hijos.

 

José Ignacio Moreno Iturralde