Soy profesor y he
leído detenidamente la nueva ley de educación del gobierno español. Esta norma,
llamada también ley Celaá, limita la educación concertada al eliminar el
criterio de demanda social de los padres. La enseñanza pasa a ser
fundamentalmente pública, estatal, siendo la enseñanza concertada un elemento
meramente subsidiario. Dada la extensión y aceptación actual de la enseñanza
concertada, le preocupación de este amplio sector educativo está justificada. También
afirma que la educación especial corresponde al estado (artículo 74,4), dejando
a este tipo de colegios en un panorama incierto. Además, la ley establece la
coeducación en todas las etapas educativas y no contempla el concierto con la
enseñanza diferenciada. De esta manera no se tienen en cuentan sentencias
judiciales internacionales y del mismo Tribunal Supremo español estableciendo
el carácter no discriminatorio de la enseñanza diferenciada.
Por otra parte, la
ley insiste múltiples veces en la inclusión de la enseñanza afectivo sexual, el
respeto a la identidad de género, y la perspectiva de género como una línea
fundamental que recorre el nervio de toda esta ley. Tal perspectiva relativiza
enormemente el concepto de familia y de la propia identidad humana. Esto supone
una intromisión abrumadora en la conciencia de niños y jóvenes y en la de sus
familias. Una cosa es mostrar la versión de género como una opción personal
respecto a la propia sexualidad, y otra cosa es lo que esta ley hace: imponerla
como una apisonadora saltando los muros de la patria potestad en asuntos tan
sensibles como los mencionados. De esta manera, esta ley de enseñanza se opone
a la conciencia de millones de personas cristianas, musulmanas, judías, o sin
religión pero en neto desacuerdo con la versión del ser humano que esta ley
propugna.
En la disposición
final primera, la ley reconoce los derechos de los padres a escoger centro
docente y a participar en el proceso de enseñanza de sus hijos. Un
reconocimiento, enormemente vaciado de contenido, tras la exposición de
condicionantes de esta ley. El artículo
27 de la Constitución española afirma entre otras cosas que: “Se reconoce la libertad de enseñanza… Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Esta
nueva ley de educación ata las manos a las familias, quiere deconstruir sus más
íntimas convicciones, y luego dice dejar participar a los padres en la
educación de sus hijos.
José Ignacio
Moreno Iturralde